Una corte federal de apelaciones dictaminó este viernes que el gobierno de Donald Trump actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al tratar de cancelar el Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) creado por el expresidente Barack Obama.
El fallo de suma a la lista de dictámenes en contra de la decisión de Trump, anunciada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, como parte de las promesas de campaña del mandatario.
DACA evita la deportación a poco más de 690,000 jóvenes indocumentados que entraron al país siendo niños en compañía de sus padres y se les conoce como dreamers (soñadores).
El programa les otorga una autorización de empleo (EAD) que deben renovar cada dos años.
El dictamen, emitido por un panel de 3 jueces (votación de 2-1) señala que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa sin explicar debidamente por qué. La decisión anula un dictamen de un tribunal menor en Maryland del año pasado, que Trump había elogiado en Twitter.
La corte de Maryland consideró legal la decisión tomada en septiembre de 2017 por el presidente Donald Trump de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Sin embargo, el fallo no afectó la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para sus beneficiarios, pues el caso permanece en litigio en una corte superior.
El juez Roger W. Titus explicó en su decisión de 30 páginas que Trump tenía la autoridad para acabar con el programa y que el Congreso de Estados Unidos es el único que puede hacer cambios en las leyes de inmigración
Argumentos del dictamen
En el dictamen de este viernes, la Corte de Apelaciones del 4º Circuito explica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no “explicó adecuadamente” en qué medida el fin de DACA afectaría a los centenares de miles de jóvenes que “estructuraron sus vidas” sobre las bases del beneficio migratorio.
DACA fue creado por Obama en respuesta a la inactividad del Congreso en el tema de la reforma migratoria para darle una oportunidad de legalizar sus permanencias a millones de indocumentados que llevan tiempo en ekl país y carecen de antecedentes criminales.
La decisión fue resultado de una demanda interpuesta por CASA y una coalición de organizaciones de Maryland, California, Washington, Michigan, Arkansas, Pennsylvania, Arizona y Connecticut, así como por la red nacional de proveedores y 17 personas.
FUENTE UNIVISION
